Abuso sexual infantil

■ Los jueces deben subsanar fallas en procesos por agresiones a menores, señalan los ministros

■ La madre de la víctima sostiene que el gobierno de Ulises Ruiz brinda protección a los acusados Jesús Aranda y Octavio Vélez

En una decisión histórica, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó ayer el amparo contra la orden de aprehensión de dos maestros acusados de violar a un menor en el Instituto San Felipe, en Oaxaca.

Los ministros prácticamente asumieron la defensa de la víctima y dejaron sin efecto la actuación parcial del Ministerio Público local en favor de los acusados.

La sentencia, que no tiene antecedentes, también sentó un criterio que obliga a los juzgados, autoridades e instituciones del país a dar prioridad al “interés superior”de los menores en asuntos que los afecten.

Así, los juzgadores deberán “suplir la deficiencia de la queja” cuando, en un proceso, el Ministerio Público o incluso sus padres o abogados no actúen adecuadamente en favor de los intereses de los menores afectados.

Entrevistada al término de la sesión, la madre del menor, Leticia Valdez Martell, manifestó su beneplácito por la decisión de la SCJN; señaló que los ministros actuaron apegados a derecho, “como deberían hacerlo en todas las instancias de justicia”, y acusó al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, de actuar en forma autoritaria para proteger a los responsables.

Añadió que seguirá en su lucha hasta que sean castigados quienes agredieron a su hijo cuando éste tenía cuatro años (2006); denunció que sigue recibiendo amenazas y agresiones, de lo que también responsabilizó a Ulises Ruiz, y cuestionó el trabajo de los abogados de los demandados, José Eduardo Franco Jiménez y Humberto Castillejos Cervantes.

“Esta resolución protege a nuestros niños de criminales que abusan de ellos causándoles un daño irremediable, considerado de lesa humanidad. Así (la SCJN) respaldó el dicho de mi hijo y dejó de considerarlo un niño fantasioso”, agregó.

Valdez Martell dijo esperar que la decisión de la SCJN contra el amparo solicitado por Adán Salvador Pérez Ramírez y Javier Constantino o Hugo Gabriel Constantino García sea el primer paso para sentenciar a otro maestro involucrado en la violación y a la directora del plantel, quienes, aseguró, ha protegido a los mentores.

Valdez Martell denunció que Franco Jiménez pidió a su amigo Marcos Castillejos Escobar –asesinado el 9 de junio en la ciudad de México– atender el expediente del Instituto San Felipe.

“Este tráfico de influencias explicaría por qué estas personas no han sido detenidas”, apuntó.

La decisión de los ministros Juan N. Silva Meza, Olga Sánchez Cordero, Sergio Valls y José Ramón Cossío (sólo José de Jesús Gudiño Pelayo votó en contra) tuvo un origen inédito y una resolución sin precedentes.

Inicialmente se presentó ante autoridades oaxaqueñas una denuncia por violación agravada, y al ver que el Ministerio Público local actuaba parcialmente en favor de los acusados, a quienes el menor reconoció como sus atacantes, el juez que atiende la causa libró orden de aprehensión contra dos maestros y una maestra, pero los señalados promovieron un amparo.

El juez de distrito confirmó el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, pero señaló que la orden de aprehensión carecía de fundamentación, porque no tomó en cuenta la agravante de que los agresores son maestros, y ordenó al juez de la causa emitir una nueva orden de aprehensión.

Esta decisión fue impugnada por los acusados y por el Ministerio Público. Ante el riesgo de que los primeros quedaran libres, en febrero la madre de la víctima solicitó a la SCJN que ejerciera su facultad de atracción.

Como la mujer no tiene personalidad jurídica para hacer esta petición, la ministra Sánchez Cordero hizo suya la petición y la primera sala atrajo el caso en mayo.

Con la decisión de ayer la orden de aprehensión sigue firme y con ello se confirma que la justicia oaxaqueña tiene elementos suficientes para actuar penalmente en contra de los profesores del Instituto San Felipe.

El niño de cuatro años identificó a la profesora Magdalena García Soto, al profesor de computación Adán Salvador Pérez Ramírez y a Hugo Gabriel Constantino García, esposo de la propietaria del plantel, como sus agresores.

García Soto está encarcelada por complicidad en la penitenciaría central de Santa María Ixcotel, acusada de violación equiparada, y la defiende Humberto Castillejos Cervantes, quien hasta mayo fue coordinador de asesores del titular de la Procuraduría General de la República, Eduardo Medina Mora.

Pero Pérez Ramírez y Constantino García, prófugos, así como la dueña del plantel, Yolanda León, son asesorados por ex senador priísta y ex procurador general de Justicia del estado Jorge Franco Jiménez, padre del líder estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jorge Franco Vargas.

Fuente: La Jornada