Abuso sexual infantil

Irlanda, a raíz el informe sobre los casos de abusos sexuales que se perpetuaron durante décadas en las instituciones estatales regentadas por religiosos católicos, ha saltado a la primera página de casi todos los periódicos. En España menos, todo hay que decirlo. Será que aquí no ocurren estas cosas.

Para quienes estamos familiarizados con este asunto, esta noticia no supone ninguna sorpresa. Primero porque somos muy conscientes de que se trata de una pandemia mundial, y segundo porque lo sucedido en Irlanda hace mucho tiempo que se sabía. Solo que ahora ha salido el informe y es noticia. Hasta que se olvide.

Es curioso lo mucho que nos escandalizamos por estos hechos y lo poco que hacemos al respecto. Eso es así porque esta justificada indignación la podemos focalizar lejos de nuestro entorno. Ahora bien ¿y si sucede en nuestras propias narices? Entonces nos indignamos mucho menos.

La mayoría de los abusos sexuales a menores son perpetrados por miembros de la propia familia. Según mis estimaciones estaríamos hablando, aproximadamente, de un 60%. El resto de esta lista negra la conformarían conocidos que tienen acceso al menor, como profesores, monitores, amigos de la familia, vecinos y también miembros del clero, entre otros. Sólo una pequeña proporción, entre el 5% y el 10%, estaría compuesta por desconocidos. Quien escribe pertenece al 60%.

Es difícil definir el problema del abuso sexual infantil con una sola palabra, pero si me viera en la tesitura de tener que escoger una, esta sería el silencio. Sobre todo el silencio de quienes padecimos esta lacra, una situación que se produce con demasiada frecuencia y fácilmente comprensible en el momento en que se conocen a fondo las secuelas, así como las consecuencias que tiene a todos los niveles armarse de valor para señalar con nuestro dedo acusador al culpable. Y cuando el culpable es una institución tan poderosa como la Iglesia Católica las posibilidades de obtener justicia parecen una quimera.

Uno creería que en estos casos las adhesiones deberían ser unánimes. Pero no es así. El ganador de esta infame batalla suele ser el agresor. Nuestro silencio ha otorgado una impunidad casi absoluta a los agresores. Y todos somos responsables. Si mi lucha va hacia alguna parte es, precisamente, a romper esta lacerante cadena.

Me gustaría pensar que en pleno siglo XXI no pueden ocurrir hechos tan flagrantes como los de Irlanda, que todo está legalmente tipificado, que las denuncias se interponen y que la justicia actúa como cabría esperar, sin importar quienes son los culpables. Pero las cifras nos enfrentan con una realidad tan distinta como decepcionante. Basta señalar que un 20% de la población ha sufrido algún tipo de abuso sexual antes de cumplir los 17 años. ¿A cuantos abusadores equivale esta cifra? A muchos, sin duda. ¿Cuántos hay en la cárcel? ¡Investiguen! Se llevarán una sorpresa.

A día de hoy denunciar a un agresor, máxime si se trata de un familiar y más aún si es la propia pareja, no es ninguna garantía de que se resuelva este problema a favor de los intereses del menor, que al fin y al cabo es lo que debería interesarnos por encima de cualquier otra consideración. ¿Acaso no tenemos los medios para evitar tanta negligencia? Existen protocolos de actuación, profesionales capacitados, asociaciones que se ocupan específicamente de este asunto y personas que aquí y allá, y en la medida de nuestras posibilidades, andamos picando piedra. ¿Qué es lo que falla entonces? La respuesta es tan lamentable como cierta: casi todo.

Se suele dictaminar que un menor está siendo víctima de abusos sexuales cuando los hechos consumados ya no permiten otra alternativa, pero este caso no es el más común. Buena parte de los abusos sexuales no están asociados a la violencia tal como la entendemos, por más que el abuso sexual, al menos por lo que a mí respecta, ya es un acto de violencia en sí mismo. Así pues, la mayoría de los abusos sexuales dejan más huellas psicológicas que físicas. La tendencia generalizada, a falta de la buena praxis, termina diluyéndose en una vergonzosa inhibición.

Hay que señalar, también, que no es fácil llegar a la certeza de que se está produciendo un abuso sexual. Se requiere mucha preparación y conocimiento. Pero es posible. Sólo hay que implementar los medios y, sobre todo, reconocer una realidad que nos afecta a todos. Si las instituciones supuestamente preparadas para acometer estos casos se inhiben con una pasmosa facilidad aduciendo que no hay suficientes pruebas, cuando en realidad el protocolo, la sensibilidad y el sentido común brillan por su ausencia, si quienes tienen que aplicar la ley desconocen las implicaciones de lo que supone ser víctima de abusos sexuales y por tanto incapaces de reconocer las secuelas y el perfil, tanto de la víctima como la del perpetrador, y por último, si la sociedad prefiere mirar hacia otro lado cuando el asunto les toca de más de cerca de lo que están dispuestos a asumir, el resultado no puede ser otro que esta lacra endémica que llevamos soportando a lo largo de tantos años de silencio, de prejuicios y de desinformación.