Cada vez más el síndrome de alienación parental incide -casi siempre de un modo negativo- en la vida de las parejas en trámites de separación, siendo el más perjudicado en todos los casos el menor.
La polémica que gira en torno al supuesto síndrome no ha dejado de crecer. Las falsas denuncias son un calvario para los afectados, pero a la sombra de esta realidad, se han apuntado al carro infinidad de maltratadores y abusadores de menores, pues la existencia y, sobre todo, la predisposición a considerar el síndrome por parte de los equipos de detección y de los juzgadores, como una realidad que está al orden del día, les ha venido como anillo al dedo a todos aquellos que considera que mujeres e hijos son una posesión de la que pueden disponer a su antojo.
Las estadísticas, en todas partes, dejan claro que el abuso sexual infantil es una realidad que afecta aproximadamente al 20% de la población; una cifra que a muchos les cuesta creer. Sin embargo estoy convencido de que es así. Y eso significa que también existe un elevado número de abusadores. Pero cuando nos enfrentamos a las denuncias sobre posibles abusos, lo primero que se cuestiona es la salud mental de la madre -quien en la mayoría de casos es quien interpone la denuncia- así como la posibilidad de que se trate de una falsa denuncia.
El resultado de todo ello es justo lo contrario de lo que se pretende preservar; el bien del menor. De hecho, a tenor de lo que sucede, parece evidente que el bien del menor le importa bien poco a las instituciones en general y a los organismos encargados de detectar posibles abusos. Los centros de acogida para menores están a rebosar, lo que demuestra el nulo interés de estos organismos a la hora de averiguar qué es lo que está ocurriendo y cómo puede solucionarse. Su prioridad es apartar al niño del "entorno perjudicial" y, si es posible, recluirlo en un centro de menores, lo cual, no debería obviarse, también significa ingresar buenos dividendos.
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